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El Gobierno terminará por mutuo acuerdo dos contratos petrolerosPETRÓLEOS
El Gobierno terminará por mutuo acuerdo dos contratos petroleros
El monopolio del jet fuel causa polémica
Los contratos de exploración y explotación petrolera que administran las contratistas Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y Burlington Resources de Estados Unidos tendrán un final conciliador: el Gobierno terminará la relación contractual por mutuo acuerdo.
La resolución se la adoptó en noviembre y diciembre del año pasado, pero ayer la anunció el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador, Jorge Regalado, durante el seminario sobre manejo de recursos que organizó el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.
“En la semana de noviembre, un equipo negociador de Petroecuador y del Ministerio (de Recursos Naturales no Renovables) mantuvo reuniones con funcionarios de CGC para analizar la propuesta que presentaron al Estado, y llegamos a firmar un acta de entendimiento acordando la terminación del contrato por mutuo acuerdo”, expuso ese funcionario.
Hasta mediados del año anterior, las autoridades solo analizaron terminar de manera pacífica la relación y recién ayer se hizo público el acercamiento logrado.
“Esto (la negociación) está en proceso y tenemos que cumplir el análisis de tema(s) ambientales para poder llegar al fin del contrato por mutuo acuerdo”, recalcó Regalado.
Tras la concesión del área, CGC no pudo ingresar a operar el campo por oposición de la comunidad Sarayaku. En el área se encuentra regada pentonita (explosivos) que cada una de las partes (la operadora y las comunidades) acusa a la otra de haberla colocado.
“Con Burlington, en diciembre se recibió una carta de esa empresa solicitando negociar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. (Ahora) el presidente ejecutivo (de Petroecuador, Luis Jaramillo) ha dispuesto la conformación de un grupo para que se siente a negociar, para que sea el mismo fin que hemos tenido con el bloque 23”, agregó el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador.
En ambos casos estas operadoras, que ahora no cuentan con un vocero o representante en el país (pasan en Argentina), no pudieron ejecutar grandes planes de inversión. Pero, CGC reclama $ 30 millones de reembolso de gastos al Estado y Burlington, $ 4 millones.
La operadora argentina es concesionaria del bloque petrolero 23 y Burlington, del 24. El primero está ubicado en Pastaza y el segundo, entre Pastaza y Morona Santiago.
Bloque: Operación Estatal
Análisis
El Ministerio de Finanzas analiza los mecanismos legales para que el bloque 28, antes adjudicado a Tripetrol, pase a ser operado por la estatal Petroecuador.
Situación
Ese bloque estuvo a cargo de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), desaparecida el 31 de diciembre del año pasado.
DIARIO EL UNIVERSO SECCIÓN ECONOMÍA
El monopolio del jet fuel causa polémica
A las comercializadoras de derivados les preocupa que el monopolio estatal alcance otros segmentos
Las empresas privadas de comercialización de combustibles ven como un mal precedente el monopolio estatal de Petrocomercial en la venta de combustibles para aviones.
Las compañías temen que otros sectores del mercado como el industrial, naviero o automotriz se manejen bajo el mismo esquema y sean desplazadas del comercio interno de derivados.
El presidente de la Asociación de Comercializadoras de Combustibles, Carlos Loor, indicó que hay funcionarios en Petrocomercial que en los últimos años han tratado de retomar el monopolio de la distribución de gasolinas en el país y ello implicaría importantes pérdidas para las compañías.
Ello, debido a las inversiones que han realizado para ampliar las redes de estaciones de servicio de combustible en el país. Loor advirtió que desde 1995 las empresas comercializadoras han triplicado las terminales de distribución de gasolina en el país.
Aseguró que además de la venta de jet fuel para las aerolíneas, las comercializadoras daban el servicio de control de calidad para evitar que cualquier tipo de residuo pueda complicar la operación de las aeronaves.
Para ello disponían de un técnico que hacía este tipo de controles al pie del avión, al momento del abastecimiento de jet fuel. Sin embargo, este mismo servicio lo da también el personal de Ecuafuel, empresa estatal adscrita a la DAC, que entrega el combustible a las aerolíneas.
El presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, José Luis Ziritt, indicó que la decisión de concentrar la comercialización en Petrocomercial no es una decisión técnica sino esencialmente política.
Advirtió que recibieron esta decisión con extrañeza, debido a que las comercializadoras estaban satisfaciendo plenamente a las aerolíneas y que Petrocomercial podía ingresar como una empresa más, sin necesidad de excluir a las compañías privadas.
Añadió que el margen de ganancia de estas últimas era menor al impuesto del dos por mil que cobra la Dirección de Aviación Civil (DAC) por la provisión de jet fuel en los aeropuertos.
También expresó su temor de que este esquema se extienda a otro sectores de distribución, como el automotor.
Para el abogado petrolero Luis Arauz, no se justifica la presencia de las comercializadoras en la cadena de distribución de combustibles porque Petroecuador tiene el monopolio de producción, transporte y distribución.
El ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, advirtió que no hay ningún tipo de restricción legal en el Decreto Ejecutivo 142 que excluye de la venta de jet fuel a otras empresas que no sea Petrocomercial.
Explicó que este Decreto se ampara en la Constitución que pone al Estado como rector de los sectores estratégicos.
Sin embargo, dijo que el hecho podría traer problemas como ineficiencia y lentitud en cuanto a la respuesta de reclamo o falta de gestión en el cobro de la venta de los derivados. Aseguró que no es conveniente darle más funciones al Estado, que no ha sido eficiente.
DIARIO EL COMERCIO SECCIÓN NEGOCIOS